Narco déjà vu o narcoterrorismo

Colombia no enfrenta al mismo enemigo de los años 90. La reaparición de capos, asesinatos, decomisos de drogas, extorsiones y secuestros avivan la percepción de un regreso a los años 90. Renace así la idea de que fórmulas del pasado bastarían para combatir a un enemigo conocido. Pero esa lectura del narco déjà vu no solo es equivocada, es peligrosamente ingenua.

Los carteles de Cali y Medellín funcionaban como estructuras verticales, con jerarquías definidas y un único objetivo: traficar cocaína. Eran organizaciones violentas, sí, pero predecibles. Sus jefes, surgidos de la delincuencia común, resultaban fácilmente identificables. El consumo interno era casi inexistente y la adicción, un problema lejano y ajeno.

Hoy la producción de cocaína es hasta ocho veces mayor que en los años 90, y el crimen organizado opera con una sofisticación inédita. Sus ingresos rivalizan con el presupuesto nacional de defensa (24,8 billones de pesos en 2025). La droga ya no solo abastece a 6,5 millones de consumidores en Estados Unidos, sino también a 4,5 millones en América del Sur.

Cali es apenas un nodo donde converge esta amenaza. Al menos 142 estructuras criminales sin liderazgos claros ni jerarquías estables disputan la distribución de drogas en más de 62 puntos identificados. La oferta ilícita ya no se limita a la cocaína; incluye marihuana con concentraciones superiores al 20 % de THC, además de metanfetaminas, tusi (2C-B) y fentanilo. El microtráfico se ha extendido a espacios públicos, comerciales, residenciales e incluso escolares. Las secuelas de la adicción son parte del paisaje urbano.

Los nuevos capos brotan del hampa, de insurgencias anacrónicas, de movimientos desmovilizados, de redes corruptas y de pandillas criminales. Tras fachadas legales, infiltran partidos, controlan economías lícitas y reclutan exmilitares expertos en inteligencia. Los grupos narcoterroristas libran una guerra híbrida que fusiona violencia armada, control social, crimen organizado y cooptación territorial.

Las estructuras criminales transnacionales reclutan en el país e integran redes locales que operan como franquicias. No solo trafican drogas, sino también personas, armas de fuego, fauna silvestre, oro ilegal y otros recursos, amenazando de forma directa la salud pública, el comercio y la seguridad global.

Estados Unidos ha designado como amenazas terroristas a diversas organizaciones armadas asociadas al narcotráfico. Aunque los carteles colombianos aún no han sido incluidos, estas designaciones han intensificado las tensiones diplomáticas y redefinido las reglas de cooperación regional. Todo vínculo puede interpretarse como una amenaza directa a su seguridad nacional, que activa mecanismos como el congelamiento de activos, la cooperación militar y las operaciones encubiertas.

Colombia -sin preverlo ni desearlo- ha quedado atrapada en un epicentro geopolítico de alto riesgo. Esta situación, sin embargo, es una oportunidad para articular estrategias que trasciendan la erradicación e interdicción. Esa respuesta debe incluir a los gobiernos locales, que enfrentan en primera línea la expansión del crimen organizado y conocen el territorio. El narcoterrorismo es hoy la más grave amenaza transnacional que enfrenta el hemisferio.