No más niños en la guerra

Una sociedad que no cuida a sus niños ni a sus adolescentes está llamada al fracaso. ¿Qué decir entonces de una que, además, permite que sus menores de edad sean presa fácil para el reclutamiento de los grupos armados al margen de la ley?

Esa es la realidad de Colombia, según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que indica que cada dos días un chico o chica es enrolado por alguna de las organizaciones criminales que operan en distintas zonas del territorio nacional, al punto que desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc un total de 1494 han sido cooptados de manera forzada por esas bandas.

Lo irónico es que grupos como el Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, entre otros, ya no se molestan en tratar de convencer a los menores de edad de la necesidad imperiosa de ‘tomarse el poder’ para reivindicar derechos sociales, económicos o políticos, sino que los ‘endulzan’ por la ruta del dinero fácil y mostrándoles lo ‘importantes’ que pueden llegar a ser si tienen la oportunidad de portar un arma.

Por supuesto, estas prácticas, calificadas por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, como delitos de lesa humanidad, están llamadas a tener éxito en sociedades que no se preocupan por cuidar de sus niños y adolescentes dándoles educación y alimentación de calidad ni procuran brindar a sus padres las condiciones adecuadas para que puedan permanecer a su lado, pendientes de sus necesidades materiales, pero también acompañando su despertar al mundo.

No en vano el informe de la JEP indica que más de medio millón de s de redes sociales visualizan publicaciones en las que se promueve el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales. Más aún, como parte de la investigación se encontró que 146 cuentas activas en distintas plataformas son utilizadas por integrantes de esas organizaciones criminales y que las invitaciones a hacer parte de ellas pueden ascender a las 625.000 visualizaciones.

Queda claro entonces que los grupos violentos han encontrado en los niños y adolescentes residentes en regiones como el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca y el cañón del Micay, en donde se ubican grandes concentraciones de tierra dedicadas a cultivos ilegales, las condiciones ideales para atraerlos e ingresarlos a sus filas, sin dejar de recurrir a las amenazas y las agresiones si, al darse cuenta del engaño, se arrepienten y quieren regresar al lado de sus familias.

Por todo esto, es necesario que la justicia transicional acelere los procesos condenatorios que por reclutamiento forzado adelanta en contra de los exjefes de las extintas Farc, a fin de que al país entero le quede claro que ese crimen sí tiene castigo en Colombia. Y que la Fuerza Pública y el aparato judicial hagan presencia en las zonas del territorio nacional donde se sabe que esa práctica es casi cotidiana.

También es hora de que la sociedad en general, pero especialmente las familias y los educadores piensen en estrategias que impidan que Tik Tok, la red social que más utilizan los grupos armados ilegales, sea la que defina el futuro de sus hijos y alumnos.