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Esta es la historia de la colombiana que robó identidades y recibió miles de dólares de programas del Gobierno de EE. UU.
Por más de dos décadas la mujer construyó toda una vida bajo una identidad falsa.

23 de may de 2025, 09:59 p. m.
Actualizado el 23 de may de 2025, 10:00 p. m.
En una insólita historia, una mujer de origen colombiano vivió en Boston, Estados Unidos, por más de dos décadas bajo una identidad robada. De manera clandestina, la ciudadana logró conseguir un documento de identificación real y recibió indebidamente miles de dólares en beneficios federales.
La ciudadana, identificada como Lina María Orovio Hernández, es acusada por delitos como robo de identidad, fraude electoral con identidad robada y fraude de prestaciones federales.
Según reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la identidad falsa, la mujer de 59 años logró recibir un apoyo económico para el pago del alquiler, así como beneficios del seguro social en el país norteamericano.

Bajo el ‘modus operandi’ ilegal, la mujer también solicitó un pasaporte estadounidense y consiguió un documento de identidad real de Massachusetts y otras ocho identificaciones de otros estados.
Y, de la misma manera, logró burlar a las autoridades para votar en las elecciones de 2024, de manera que también es acusada por los cargos de registro fraudulento de votantes y votación fraudulenta.
La ciudadana de origen colombiano fue acusada formalmente en febrero de este año y, desde entonces, permanece bajo custodia federal.
La investigación judicial que adelantan las autoridades de ese país da cuenta de que Orovio Hernández, al parecer, utilizó la identidad robada para presentar un registro de votante fraudulento en enero de 2023 y emitir un voto fraudulento en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Se estima que la mujer recibió aproximadamente 400.000 dólares en beneficios federales, entre apoyos para alquiler, seguro social e incluso asistencia nutricional. Los datos oficiales indican que recibió 259.589 dólares en beneficios de asistencia para alquiler desde octubre de 2011 hasta enero de 2025.
Otros 101.257 dólares le fueron otorgados en beneficios por discapacidad del Seguro Social desde julio de 2014 hasta enero de 2025, y 43.348 dólares más, corresponden a beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria desde abril de 2005 hasta enero de 2025.

“Se alega que construyó toda su vida sobre la base de una identidad robada, lo que incluye votar ilegalmente en nuestras elecciones presidenciales y cobrar cientos de miles de dólares en beneficios gubernamentales destinados a los estadounidenses necesitados”, declaró la fiscal federal Leah B. Foley.
¿Qué condena enfrentaría la ciudadana?
La mujer enfrenta múltiples cargos por todos los delitos en los que incurrió, al utilizar una identidad falsa para obtener distintos beneficios personales. En ese sentido, desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos detallaron cuáles son las penas que enfrenta por cada cargo.
En primer lugar, el cargo de falsificación de un número de Seguro Social en Estados Unidos conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.
Mientras que hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte estadounidense conlleva una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.
Asimismo, el cargo de robo de identidad agravado conlleva una pena obligatoria de dos años consecutivos a cualquier otra pena impuesta, un año de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.
Y los cargos por recibir fondos gubernamentales o bienes robados acarrean una condena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.
Finalmente, explica el Departamento de Justicia, los cargos de registro fraudulento y votación fraudulenta conllevan cada uno una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.
Desde la justicia estadounidense aclararon que las sentencias serán impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito, teniendo en cuenta las directrices de sentencias de Estados Unidos.
Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en medios digitales y en radio. En El País se desempeña como periodista multifuente desde el año 2022.