Tribunal ordena al Estado indemnizar a familias de 46 víctimas de masacre en Trujillo, Valle

El Tribunal istrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por la participación de de la Fuerza Pública en la masacre de Trujillo, Valle del Cauca, perpetrada entre 1986 y 1994.

Después de más de tres décadas de exigir justicia, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deberán pagar más de 3.800 millones de pesos de indemnización a las familias de las víctimas.

Durante nueve años, los habitantes de municipios como Trujillo, Bolívar y Riofrío fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones por parte de paramilitares, narcotraficantes y de la Fuerza Pública.

Además, el Tribunal determinó que la Policía de Trujillo, en el Distrito de Tuluá, y del Ejército, puntualmente del Batallón Palacé de Buga, colaboraron con un grupo paramilitar creado por narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle.

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Según la investigación, con esa alianza entre el Cartel y la Fuerza Pública buscaban "eliminar a cualquier colaborador del ELN" y a los “presuntos simpatizantes o personas vinculadas con la guerrilla".

La masacre continua duró nueve años, en los cuales 46 personas perdieron la vida. Por esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió estos hechos de violencia como crímenes de lesa humanidad e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Al respecto, los magistrados sugirieron a la Fiscalía unificar las investigaciones y transferirlas a la Unidad de Derechos Humanos. Adicionalmente,  recomendaron "adelantar investigaciones penales y disciplinarias a funcionarios públicos y particulares que hubieran infringido la ley penal”.