Partidos políticos se unen contra decisión de Gustavo Petro de convocar consulta laboral por decreto

El sector político se ha visto sacudido en las últimas horas tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su intención de convocar una consulta popular mediante decreto presidencial.

Y es que el objetivo de dicha consulta sería someter directamente a votación ciudadana las controversiales reformas laboral y de salud propuestas por el Gobierno Petro.

La propuesta generó una respuesta contundente entre sectores políticos tradicionalmente enfrentados a las decisiones del mandatario.

Y es que ocho partidos: Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y el Partido ASI, emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su rechazo a esta iniciativa, calificándola como un intento de “golpe de Estado”.

Pronunciamiento de la oposición

La declaración conjunta fue promovida por el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, y contó con el respaldo de los principales directores de cada colectividad involucrada.

En el texto, los firmantes denuncian lo que consideran una maniobra del Ejecutivo para evadir los mecanismos de deliberación democrática del Congreso y concentrar el poder en la figura presidencial.

Los partidos no se limitaron a expresar su rechazo político. También solicitaron la intervención de los organismos de control y de las altas cortes.

En particular, apelaron a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría y la Contraloría para que actúen “con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”.

Del mismo modo, instaron al Registrador Nacional del Estado Civil a evaluar este decreto que convocaría una consulta popular, advirtiendo que no basta con su emisión para validar el proceso.

“La decisión del Gobierno constituye una violación a lo ya dispuesto por la Selección Quinta del Consejo Estado”, señalan en el documento.

Un punto que genera desconcierto entre los firmantes del comunicado es que la reforma laboral ya ha superado el tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado y está pendiente de su discusión final en la plenaria.

Bajo este contexto, lo que tratarían de decir es que consideran innecesaria la convocatoria a una consulta que podría interferir con los mecanismos democráticos ya establecidos.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha indicado que el mecanismo podría convocarse entre finales de julio y comienzos de agosto, si el decreto se desarrolla como lo ha anticipado el presidente Petro.

Sin embargo, la ola de rechazo desde distintos sectores siembra la incertidumbre sobre si la iniciativa atravesará múltiples barreras jurídicas y políticas.

Finalmente, aunque el Gobierno sostiene que actuará dentro del marco legal, el hecho de intentar impulsar una consulta por decreto ha generado un precedente que muchos consideran peligroso.