Junta directiva de Ecopetrol niega aval a millonario otrosí en contrato; ¿qué dijeron de Ricardo Roa?

En medio de las recientes polémicas en las que se vio envuelta Ecopetrol, por la revelación de un millonario contrato, el jueves 29 de mayo, la empresa divulgó un comunicado oficial desmintiendo dicha versión.

De acuerdo con la entidad, el aparente contrato, de 6 millones de dólares, no fue aprobado ni conocido por su junta directiva ni por el comité de auditoría.

Asimismo, expuso que desde su ingreso a la Bolsa de Nueva York en 2008 cuenta con mecanismos rigurosos de control y cumplimiento normativo.

“Desde el año 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con un sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyado por firmas de abogados de Estados Unidos, con conocimiento en asesorías especializadas en diversos temas, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FA, por sus siglas en inglés) y asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, Ofac), gestión de riesgos y asuntos éticos”, detalló la empresa petrolera.

Según la entidad, fue precisamente la junta directiva la que, en ejercicio de sus atribuciones, contrató desde agosto de 2024 a la firma Covington & Burling LLP como asesora externa con el fin de revisar las políticas internas y asegurar el cumplimiento de estándares internacionales. En este proceso —aclararon— no participó el presidente Ricardo Roa.

Tras revelarse la existencia de un otrosí al contrato original, el cual habría aumentado su valor y modificado su alcance, se desató la controversia que hoy tiene el foco de los medios en la empresa.

Ecopetrol aclaró que ni el comité de auditoría ni la junta directiva fueron consultados previamente sobre dicho documento, lo que motivó la suspensión de sus actividades desde febrero de 2025.

“Tal y como se verificó en las actas, ni el comité de auditoría ni la junta directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí, al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo. Como consecuencia de lo anterior, la junta directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025“, puntualizó el organismo.

Además, agregaron que: “En su momento y de manera oportuna, la junta directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la ley y al debido proceso. En función de los resultados de estos procedimientos, se tomarán las acciones legales y istrativas que correspondan”,

Cabe destacar que la entidad manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y entes de control que ya investigan el caso, y aseguró que se adoptarán las medidas legales y istrativas necesarias tras conocerse los resultados.

Por último, la compañía petrolera enfatizó que esta situación no altera los proyectos ni las metas de producción para 2025.