Esto es lo que Cali le exige al presidente Gustavo Petro, a pocas horas de su llegada a la ciudad

Por Álvaro Benedetti, consultor internacional @bac.consulting

Los recientes hechos de violencia y terrorismo en Cali y el suroccidente colombiano no solo son alarmantes por su escala y coordinación, sino por lo que revelan: una peligrosa desconexión entre la acción criminal organizada y la respuesta estatal. Mientras las disidencias armadas operan con inteligencia, logística y dominio territorial, el Gobierno permanece atrapado entre reacciones tardías, discursos sin ejecución y una política de seguridad desdibujada.

Hoy, con el presidente Gustavo Petro encabezando un consejo de seguridad en Cali, la ciudadanía, las instituciones y los analistas tenemos la responsabilidad de exigir algo más que operativos y comunicados. La seguridad no es un rio de la paz ni una moneda de cambio política, es el fundamento mínimo para construir gobernabilidad, desarrollo y legitimidad institucional. Y en esta coyuntura crítica, hay tres exigencias que deben marcar un viraje de fondo en la estrategia gubernamental.

Primero, se requiere restablecer el control territorial efectivo. No simbólico ni exclusivamente militar. Allí donde el Estado no está presente de forma integral —con justicia, inversión social, servicios públicos y presencia institucional sostenida— otros actores lo reemplazan. Y lo hacen con violencia, miedo y extorsión. En regiones como el suroccidente, la seguridad no se impone solo con fuerza: se construye con coherencia institucional.

Segundo, es urgente una estrategia de seguridad diferenciada para el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esta región no puede abordarse con las mismas lógicas que Medellín o Bogotá. Aquí confluyen economías ilegales, múltiples estructuras armadas y una profunda fragilidad institucional. Aplicar fórmulas genéricas es una forma de ignorar la complejidad del conflicto fragmentado que enfrentamos.

Tercero, el Gobierno debe asumir el liderazgo civil en la conducción de la seguridad. La fuerza pública no puede seguir operando sin una dirección política clara. Hoy actúa entre la desconfianza y la desorientación. Se necesitan objetivos medibles, reglas de compromiso definidas y una conducción política que combine firmeza con inteligencia estratégica. Esto no implica mano dura: implica claridad institucional y responsabilidad democrática.

Y sobre todo, hay que decirlo con franqueza, debemos superar, así sea por un sentido moral, la condición de activistas políticos de bando y bando. El momento exige gobernantes, no campañas; exige Estado, no ideología. Seguir interpretando la realidad de seguridad desde el activismo o el cálculo electoral es irresponsable. El país necesita decisiones, no consignas.

Cali representa hoy un punto de quiebre. O se reconstruye la legitimidad del Estado con acciones concretas y sostenidas, o se profundiza la fractura entre regiones abandonadas y un centro político que solo reacciona cuando la violencia estalla. El tiempo del diagnóstico ya pasó. Lo que hoy se exige —desde las calles, las instituciones y la ciudadanía— es un Estado que gobierne con rigor, con datos y con decisiones, incluso cuando estas tengan un costo político.