Juicio al Presidente y mermelada

El proceso por la aparente entrada de dineros malditos a la campaña presidencial de Ernesto Samper, se hundió en la Cámara de Representantes entre olas de mermelada y amiguismo. Sin vergüenza alguna, quienes integraban aquel cuerpo colegiado despreciaron pruebas decisivas, incluyendo las revelaciones de testigos presenciales y coautores materiales. Al país lo esperarían cuatro años de agónico desgobierno y a Samper y sus válidos del Congreso varios lustros de deshonra.

Treinta años después seguimos en las mismas: no hemos sido capaces de reformar los mecanismos constitucionales que permiten investigar con rigor y castigar a los mandatarios prevaricadores o indignos. Tal circunstancia pone en tela de juicio el sustento ético de la institución presidencial, aquella que debería encarnar la majestad y las virtudes del Estado, pero que aquí hemos puesto fuera del alcance de la justicia humana.

Las razones para examinar la conducta del mandatario actual a la luz del derecho penal y del concepto de indignidad contemplado en Constitución, son voceadas por personajes de distintas orillas como Jorge E. Robledo, Carlos Alonso Lucio y Enrique Gómez. Y es que contra los mandatos legales, a costa de perjuicios económicos incalculables, el ejecutivo pretende sacrificar el patrimonio nacional de los combustibles fósiles. A lo anterior se suma el abandono del territorio por parte de la Fuerza Pública, lo cual supone tráficos ilegales, masacres y víctimas. Esto mientras las pruebas sobre financiación ilegal de la campaña presidencial proporcionadas por protagonistas como Armando Benedetti, Nicolás Petro y Days Vásquez siguen sin ser controvertidas.

El hecho es que los colombianos debemos aterrizar. Sin importar el calibre de las tropelías cometidas por este y otros presidentes, la Comisión de Acusación y el Congreso de la República no actuarán; aunque se abran las investigaciones, van a encontrar argumentos que les permitan ignorar los clamores de esta patria despedazada. Las razones para que persista aquella situación tan desafortunada son variadas y solo podrían resolverse mediante una reforma profunda de la estructura constitucional.

Poner una función de naturaleza judicial en manos de un cuerpo político cuyos ignoran tales materias y cuyo talante es proclive a recibir las dádivas del gobernante imputado, resulta a todas luces inconveniente. Peor aún si se considera que según el trámite actual, las oportunidades o retenes para exigir mermelada a cambio de perdón son tres, porque la imputación debe transitar por la Comisión de Acusación y también por las plenarias de Cámara y Senado.

Pero además del botón que dispensa mermelada a través de la contratación y cuotas burocráticas, los presidentes tienen otro seguro: La Comisión de Acusación e Investigación usualmente es integrada siguiendo las indicaciones del propio Ejecutivo. En consecuencia, no extraña que hoy dos tercios de los de esa célula sean socios políticos, obsecuentes amigos del gobierno. A pesar de sus delirios, desaciertos o posibles delitos, Petro podrá seguir durmiendo tranquilo.

Los ciudadanos no podemos permitir que esta situación continué. Debemos exigir la reforma del sistema de acusación y juzgamiento de los mandatarios si deseamos que la honestidad, la decencia y los intereses de la nación vuelvan a imponerse.