Buenaventura

Las 50 muertes violentas que van este año en Buenaventura son apenas un reflejo de lo que sucede hoy en la principal ciudad sobre el Pacífico colombiano. Otra vez el miedo está instalado en cada casa del puerto, los negocios cierran temprano, las calles permanecen vacías y la mayoría de habitantes prefiere el silencio como forma de protección. La Política paz total fallida del Gobierno Petro y el abandono recurrente tienen en el Distrito a su mejor exponente.

La semana que termina se ha ido en súplicas para que la Nación dirija su mirada y sus acciones hacia Buenaventura. Es el mismo llamado que se ha hecho por décadas y que sigue siendo desatendido por quienes tienen el deber de proteger a la población, garantizar su seguridad y ofrecer las oportunidades que demandan.

En la ciudad portuaria confluyen los peores males de Colombia: la corrupción rampante que permea todas las instancias del Estado, el narcotráfico que encontró ahí el nicho perfecto para operar a sus anchas, unas bandas delincuenciales que se convirtieron en empresas transnacionales del crimen y el abandono perenne de las instituciones estatales, que han sido incapaces de brindar los servicios esenciales más básicos a sus casi 400.000 habitantes.

A ello se suma el fracaso de unos diálogos de paz que emprendió el Gobierno Nacional 19 meses atrás, que empezaron, continuaron y murieron siendo fallidos. Sentar en la mesa de conversaciones a Shottas y Espartanos, los grupos delictivos que operan en la ciudad, sin que se diera en todo este tiempo un marco jurídico y legal que permitiera ofrecer garantías mínimas para el sometimiento de los integrantes de esas dos bandas solo podía convertir el proceso en otra frustración, tal como hoy lo es.

Está demostrado que la tregua no funcionó, como no se logró desde el equipo negociador ganarse la confianza para avanzar hacia el fin de la guerra. Difícil creer, además, que hubo del lado de las organizaciones criminales una genuina intención de dejar las armas, firmar el entendimiento y cesar sus acciones delictivas.

Por el contrario, y como ha pasado también con el Eln o las disidencias guerrilleras, la paz total de Gustavo Petro solo ha servido para que esos grupos de Buenaventura se refuercen y reconstruyan sus estrategias bélicas. O para que los líderes de los Shottas y Espartanos huyeran del país, sin que ello signifique que dejaron de manejar los hilos del poder o de imponer la violencia.

Es que ya no se trata solo de bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión o al robo en la ciudad portuaria. Son transnacionales del crimen que operan en decenas de países en alianza con organizaciones extranjeras, con el narcotráfico como columna vertebral de sus operaciones y con los negocios ilegales anexos que este conlleva.

Por supuesto hay que atender los reclamos que desde los gobiernos local y departamental, las comunidades y la Iglesia se le hacen de nuevo a la Nación para que se ataque con todo a los violentos que hoy vuelven a sumir la población en el temor y la intranquilidad. Pero a ese monstruo del crimen que se ha construido por años, no se le derrotará mientras a Buenaventura se le trate con indiferencia y se someta a su sociedad al abandono estatal.