El balance de la Paz Total: solo dos mesas de diálogo están activas en la actualidad

Si no fuera por el anuncio hecho el pasado viernes de la creación de una zona de ubicación temporal (ZUT), en la que se concentran las disidencias del frente 33, y los ciclos de conversaciones que aún continúan con la disidencia Walter Mendoza, no habría nada que mostrar en la política de Paz Total.

Analistas señalaron que luego de la apertura de nueve mesas de diálogos de paz, actualmente solo en las dos mencionadas hay algún tipo de actividad y las demás no parecen tener muchas opciones de reactivarse. A menos que algo extraordinario ocurra, el legado que dejará la Paz Total del presidente Petro, al terminar su mandato, será prácticamente nulo.

El pasado 3 de mayo, el presidente anunció la creación de esta zona denominada ZUT para las disidencias de alias Calarcá, que aunque ya publicaron el decreto que oficializa este aviso, muchos analistas en conflicto y hasta autoridades nacionales cuestionaron este aviso frente a los alcances y delimitantes que tiene.

La resolución publicada señaló que durante un lapso de siete meses “se establecerá esta Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en área rural del municipio de Tibú del departamento de Norte de Santander, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con el Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte”.

Según explicó la norma, el objetivo de esta zona es “facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes en un plazo inicial de 45 días calendario para que los integrantes del Frente 33 realicen el traslado a esta zona delimitada”.

Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, este tipo de decisiones se da en momentos cuando los diálogos están en estados avanzados, lo cual no sucede en este instante, sumado a que no hay mayor claridad por parte del Gobierno sobre cómo va a operar este mecanismo.

“No está claro si es un proceso de concentración para iniciar un cese al fuego, un proceso de dejación de armas ni mucho menos de reincorporación. Una zona de ubicación no debería ser solo para dialogar con ningún grupo, porque ya se está haciendo sin esa zona”, señaló Arias.

El analista también cuestionó cómo este grupo que estaría organizado en esta zona le podría responder a las víctimas, sumado a la articulación institucional entre el Gobierno con la Fuerza Pública y hacia las entidades distritales y municipales que están en el territorio.

Para Arias, estos anuncios reflejan “un afán por concretar algún tipo de éxito en estos procesos de paz total, pero también, una improvisación y que se notan fracturas al interior del Gobierno”, sumando el silencio del Comisionado de Paz, Otty Patiño y los líderes de cada una de las mesas.

Por su parte, Paula Tobo, investigadora en conflicto armado, opinó que “las dudas superan con creces el valor de este mismo acuerdo”, al preguntarse si el contexto de seguridad que se vive, producto de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del frente 33, es propicio para que ocurran estos movimientos, pensando en la seguridad de los combatientes y de la comunidad, sin llegar a un daño colateral.

Agregó en sus cuestionamientos el marco jurídico, ya que ni el documento ni las pocas declaraciones del Gobierno han explicado si estas personas (que tienen plazo de 45 días para arribar a esta zona) llevarán armas, cuál es la labor de la Fuerza Pública y si llegan sin armas, estas dónde se dejarán y el tipo de beneficios.

“En estos momentos no hay forma de ubicarlos en una justicia transicional, porque actualmente no están abiertas para que entren más personas, no se ha creado un mecanismo para la Paz Total ni para ningún grupo armado y menos para uno de los cabecillas que es Andrey Avendaño, porque ya pasó por un proceso de desmovilización”, señaló Tobo.

Nariño: otra mesa de diálogos que parece avanzar con más dudas

Otro de los tableros de paz donde ha surgido movimiento es el de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)’, disidencia que tiene como principal vocero a alias Walter Mendoza y que agrupa a los ‘Comandos de la Frontera’ y a la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’.

Aunque el próximo miércoles se llevará a cabo en la ciudad de Tumaco, Nariño, el inicio del quinto ciclo de negociaciones, hechos como la captura de alias Araña y los desencuentros frente a los procesos de extradición —una de las causas de la salida de la ministra de Justicia, Angela Buitrago— aún mantienen en vilo su destino final.

“Nuevamente, tenemos el elemento de la falta de seguridad jurídica, además que Araña es firmante de paz y ya recibió unos beneficios y los está perdiendo al ser rearmado. Hay incertidumbre por la celeridad que el proceso requiere luego de que decidieran no volver a Bogotá por la captura de Araña”, señaló Arias en su análisis.

En esta mesa se ha llegado a acuerdos como la construcción de una hoja de ruta para avanzar en la sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de coca. Sin embargo, el experto en conflicto de Ideas para la Paz cuestionó que a la fecha de hoy “no hay ninguna preparación sobre cómo se va a hacer esta sustitución, quién va a hacer esta sustitución y los recursos, no hay claridades”.

Para Tobo, son similares los cuestionamientos que se encuentran en cada una de las mesas fallidas y los que se encuentran vigentes encajan en una improvisación del Gobierno, donde también se puede sumar la propuesta del presidente Petro de llevar al ELN al Vaticano.

“La tendencia de la Paz Total es de hacer cosas y anuncios sin saber cuál el paso siguiente y cuáles son las garantías, los mecanismos, la metodología y el recurso humano para materializar todo lo que se anuncia. Eso ha pasado en todas las mesas, de seguir vigentes sin llegar a acuerdos sustanciales”, señaló la experta.

Y agregó que “pueden continuar en marcha hasta 2026, sin realmente llegar a conversaciones sustanciales, sobre todo para la desarticulación de los grupos armados”.

El legado de violencia para el nuevo gobierno que llegue

Para los analistas, la preocupación no solo se ve en el corto o mediano plazo, sino también en el largo plazo, ya que faltando un año y dos meses de finalizar el Gobierno Petro no se ven muchos avances en el legado que se deja con respecto a la paz para el próximo gobernante.

Además de encontrar una herencia “muy pobre” de nueve procesos de diálogos políticos o de sometimiento, donde siete de ellos no tienen ningún resultado y dos “posiblemente”, para el analista Gerson Arias, lo que más preocupa es ver el camino a tomar del próximo mandatario frente a insistir en diálogos o cerrar la puerta definitivamente.

“Va a encontrar un escenario donde va a ser muy difícil poder argumentar que la solución política negociada a todos estos conflictos es la mejor salida. Hay altísima probabilidad de que no haya continuidad en la mayoría de ellos y la herencia es muy pobre”, advirtió Arias.

Asimismo, señaló que para el próximo año se podrían recibir dos negociaciones en curso, pero que estas tienen grandes desarticulaciones en términos de paz y de defensa, donde “habrá que recomponer la ausencia de tener zanahoria y garrote”.

Agregó la experta en conflicto Paula Tobo que el nuevo presidente recibirá para el 2026 “un vacío de contenidos y de metodologías que, depende de quién las reciba, va a tener que reformular o desechar por estas dificultades internas”.

Ante estas dudas y esta falta de articulación entre las entidades gubernamentales para llegar a acuerdos en las mesas de diálogo y cumplir lo pactado, informes militares dan cuenta de cómo a lo largo del país se encuentran hasta 12 áreas de confrontación entre grupos armados ilegales, con la población en medio de estos enfrentamientos.

En Magdalena, Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Arauca, Cauca, Guaviare, Putumayo o Nariño, se han reportado enfrentamientos entre el ELN, Clan del Golfo, disidencias de ‘Mordisco’, Comandos de Frontera o los ‘Pachenca’, pues los grupos ilegales aprovechan estas dudas del Gobierno para ganar expansión y control territorial.

“Si se suman casi 22 mil personas armadas entre estos grupos, tenemos nueve mesas que no han funcionado donde quizás una o dos concluyan positivamente, pero quedan 12 áreas de confrontación y una necesidad de reconstruir una estrategia de seguridad”, concluyó Arias.